Cuando en mayo de 2022 se inauguró la remodelación del terminal internacional de buses de Arica, las autoridades de dicha región nunca pensaron que ese mismo inmueble, dos años después, estaría en un proceso de remate. Y la razón detrás de todo eso es una factura impaga que data de 2020. 

Durante casi tres años el factoring Finameris -empresa ligada a Jorge Achurra, Cristián Valdés y Leonardo Whittle- ha estado en un extenso litigio civil con la Municipalidad de Arica. En febrero de 2021 interpusieron una acción de cobranza de una factura por $ 189 millones, lo que un mes después se transformó en una demanda en la que solicitaron el despacho de una orden de embargo por la suma de la totalidad de la factura.

Con el tiempo -y luego de idas y venidas por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema- la firma recibió una resolución favorable: el 22 de enero el Segundo Juzgado de Letras de Arica resolvió que el terminal -emplazado en Diego Portales 1002- no tiene carácter de inembargable, lo que les permitió avanzar en un proceso de remate de dicha propiedad.

11 días antes el mismo juzgado fijó como mínimo de subasta la suma de $ 1.614.779.423.

¿Pero por qué se subasta un inmueble cuyo avalúo es ampliamente superior a la deuda? Un abogado explica que esto ocurre porque la ley permite embargar bienes suficientes, aunque sean más valiosos que el crédito. En particular, en este caso no fue posible embargar algo distinto porque las municipalidades -para no pagar- se aíslan en la inembargabilidad de los bienes destinados a sus servicios.